El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado una condena anterior a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) y a una de sus subcontratas a pagar casi 280.000 euros en concepto de indemnización a la familia de un trabajador fallecido debido a la exposición al amianto, han informado fuentes de CCOO.

El sindicato ha explicado que en una reciente sentencia el alto tribunal ha ratificado la condena impuesta por un tribunal de primera instancia a CAF y a la empresa José Manuel Armesto Valcarce (subcontrata de la anterior) al pago solidario de dicha indemnización a la familia de un trabajador fallecido en noviembre de 2018 a causa de un mesotelioma pleural maligno, enfermedad derivada de la exposición profesional al amianto.

El operario trabajó en las instalaciones de CAF durante seis meses entre los años 1971 y 1972 y en el centro de trabajo entró en contacto con el amianto en operaciones de montaje de trenes.

CCOO ha indicado que los tribunales han considerado acreditado que en las instalaciones de CAF había exposición al amianto, sin que se utilizase en el período citado un sistema de extracción específico en las tareas de manipulación de amianto cuando se podían desprender fibras y sin que se facilitasen equipos de protección individual adecuados al riesgo. Asimismo, ha denunciado que durante el proceso judicial CAF ha intentado alegar, sin éxito, que hasta 1973 se desconocían los efectos nocivos del amianto, a su juicio, un «débil» argumento con el que la empresa ha intentado eludir su responsabilidad.

CCOO ha afirmado que en la época citada «existía ya regulación legal en relación a las medidas de protección específicas ante exposiciones laborales al amianto, regulación que hacía referencia a los reconocimientos médicos, a la concentración máxima de partículas en el ambiente, a los equipos de protección y a la información que era obligatorio trasladar a la plantilla».

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid por poner en «riesgo» a los trabajadores del suburbano por la presencia de amianto, y en la que les acusa de haber cometido presuntamente tres delitos: contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.

Para la Fiscalía, que en marzo de 2018 abrió diligencias para investigar la presencia de amianto en el suburbano, los denunciados infringieron de forma «grave» las normas de prevención de riesgos laborales «creando una situación de riesgo para los trabajadores, a los que permitieron trabajar con MCA (amianto), altamente peligroso para su vida, careciendo de toda política preventiva».

Asimismo, la Sección de Siniestralidad Laboral del Ministerio Público sostiene en su denuncia que estos siete responsables de Metro, «conocedores de la existencia de este material», ocultaron a los trabajadores y a sus representantes que las piezas que manipulaban contenían amianto y, además, no se les facilitó ni la información ni la formación necesaria para trabajar con seguridad. También denuncia que no se «les entregaron equipos de protección individual preceptivos para manipular el amianto con seguridad» y que «un número indeterminado de trabajadores» han estado expuestos hasta 2017 «de manera continuada» a «gravísimas enfermedades».

Para el Ministerio Público, la ocultación de este riesgo ha supuesto una «desprotección absoluta» y un desprecio «intolerable» a la seguridad de los trabajadores. Según una nota a la que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía no entiende cómo habiéndose adoptado unas medidas de seguridad entre 2003 y 2006, como la sustitución de piezas con amianto o su encapsulado, después se permitió a los operarios realizar trabajos de mantenimiento sobre piezas que contenían este material hasta 2017 sin adoptar medidas.

DOS TRABAJADORES FALLECIDOS
Hasta la fecha, dos trabajadores de Metro de Madrid han fallecido por la exposición prolongada con amianto y otros dos tienen la enfermedad reconocida. Este extremo, dice la Fiscalía, «supone la materialización de la situación de riesgo creada por la empresa y por los denunciados».

Según recuerda el Ministerio Público, además de estos trabajadores, han estado expuestos al riesgo al menos otros 186 empleados en servicio activo en el Servicio de Mantenimiento de trenes de ciclo corto, 189 en el servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales, 476 en activo en diferentes servicios y 56 en la sección de escaleras mecánicas.

La sección especializada de siniestralidad laboral de la Policía Municipal elaboró un informe en el que advertía de que Metro de Madrid conocía desde 2004 la obligación de acometer medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, pero que no fue hasta febrero de 2018 cuando la empresa empezó a realizar un protocolo de actuación en materia de riesgos laborales, un año después de que tuviera conocimiento de la enfermedad de un trabajador.

La Fiscalía Provincial del Madrid ha denunciado a F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadoras de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de enero de 2012 a la actualidad; J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; J. O., perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.

LAS REACCIONES
Tras conocer la denuncia de la Fiscalía, Metro de Madrid ha manifestado su respeto ante las resoluciones que adopte la Justicia y ha detallado que se tomará una decisión respecto a los empleados denunciados cuando exista una «sentencia firme», informa Europa Press.

El responsable de CCOO en Metro de Madrid, Juan Carlos de la Cruz, ha indicado a este diario que se personarán en la causa como sindicato cuando se conozca el juzgado que llevará el caso, aunque ha lamentado que la Fiscalía no haya incluido en su denuncia a ningún responsable político.

Por su parte, el comité de empresa ha sostenido que sus servicios jurídicos «van a valorar si se personan como acusación particular» en la causa, según ha expresado el secretario del comité, Teo Piñuelas.

En febrero de 2018, EL MUNDO destapó la presencia de amianto en los vagones de las líneas 1,6 y 9 del suburbano y, días después, la Inspección de Trabajosancionó a la compañía por incumplir la normativa de seguridad con 191.000 euros.

Desde entonces, se han sucedido los casos en los que se ha hallado este material en trenes e instalaciones de Metro, el último sucedió la semana pasada, cuando los andenes de la Línea 10 de la estación de Tribunal tuvieron que ser cerrados al público por la presencia de este material.

Actualmente, Metro de Madrid tiene en marcha un plan, que arrancó en abril de 2018 dotado de 140 millones, para la retira de amianto en siete años.

La exposición al amianto, un mineral que puede liberar fibras tóxicas al aire, puede producir tres tipos de cáncer -asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma-, que pueden causar discapacidad o incluso la muerte. España prohibió su producción en 2002.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Tortosa han denunciado al responsable de un terreno de Camp-redó (Baix Ebre) dónde han localizado un depósito incontrolado e ilegal con más de 6.000 kilos de uralita que contenía amianto. El paraje está ubicado en la zona de Argilers y el fibrocemento con amianto estaba expuesto al medio natural.

El depósito se descubrió el pasado domingo durante un patrullaje de protección del medio ambiente en la zona forestal de la comarca. Entre los residuos nocivos había una gran cantidad de placas de uralita, sacos con restos de más placas y cañerías fabricadas con fibrocemento y amianto abandonadas sobre el terreno.

El amianto con el que estaban fabricados los residuos localizados por la Guardia Civil, es un producto cancerígeno prohibido en España desde el 2002. La uralita es el nombre comercial del fibrocemento que se usa para cubiertas y tejados. El amianto es peligroso para el aparato respiratorio y puede provocar fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón y otras enfermedades graves. El riesgo de manipulación se produce cuando se desmantela una construcción porque las fibras de la uralita se gastan cuando se corta o se manipula. La retirada de este material lo tienen que hacer empresas adscritas al Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), especializadas en estas operaciones.

Las placas de uralita encontradas por la Guardia Civil en Camp-redó estaban esparcidas en la intemperie, sin controlar perimetralmente ni ninguna otra medida de seguridad que impidiera el acceso de personas al depósito de estos residuos nocivos muy peligrosos.

El propietario de la finca ha sido denunciado por almacenar residuos peligrosos para las personas y el medio ambiente. Se ha remitido una copia de las actuaciones a la Agencia Catalana de Residuos.

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Los agentes rurales han detectado tres nuevos vertidos ilegales en el Gironès de la empresa de reformas denunciada este julio por verter material de amianto en quince puntos del Pla de l’Estany y Gironès. El material localizado son placas de uralita y canalizaciones de una obra en Palol de Revardit. La investigación comenzó el 21 de julio cuando algunos vecinos informaron de vertidos en fincas rústicas y agrícolas en Camós, Cornellà del Terri, Esponellà, Sant Julià de Ramis y Palol de Revardit. Se abrió una investigación para encontrar el origen y autoría y se denunció la empresa encargada de los trabajos para no llevar el material tóxico a un centro de residuos especializado.

También se instruyeron diligencias penales que se trasladaron a la Fiscalía de Medio Ambiente por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ahora se han incorporado a la denuncia estos tres nuevos vertidos de material de uralita detectados en el Gironès, una vez constatado que se trata de la misma empresa y obra.

Las comprobaciones se han hecho durante este mes. Según la investigación, todo apunta a que el infractor podría haber movido el material a lugares más alejados al verse descubierto. En total, se atribuyen a la empresa dieciocho vertidos, una práctica prohibida por ser perjudicial para la salud y nocivo para el medio natural.

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La sección sindical de Comisiones Obreras en Saint-Gobain reclamó ayer en la reunión del comité de Seguridad Laboral y Salud que se active el protocolo de prevención del amianto en Avilés al detectarse que, al menos, doce trabajadores de La Maruca han estado expuestos a ese material cancerígeno.

La facilidad del amianto para proteger a las personas de las altas temperaturas provocó que fuese un material muy utilizado en la actividad industrial. Sin embargo, en la década de los 70 del pasado siglo, comenzó a descubrirse sus peligros para la salud al ser un elemento cancerígeno. En España, se encuentra prohibido desde 2001-02, aunque la retirada de ese producto comenzó mucho antes.

El amianto comienza a desarrollar su potencial cancerígeno entre veinte y treinta años después de su exposición, de ahí que la reacción ante su peligro tardase tanto en empezar.

En el caso de Saint-Gobain, el amianto se utilizó como elemento de protección en el horno ante las altas temperaturas. En Comisiones Obreras, se tiene la constancia de que, al menos, doce trabajadores, varios de ellos ya jubilados, estuvieron expuestos a este material y se planteó la necesidad de activar el protocolo de seguridad tanto en el personal en activo como en aquellos trabajadores jubilados, aunque el sindicato considera que el número de afectados podría ser mayor.

Desde el sindicato también solicitaron a la dirección que reconozca la existencia de amianto en sus instalaciones para poder incorporarse al Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) para dar cobertura a todas las operaciones de retirada. Se apeló al compromiso de la empresa cristalera con la salud de los trabajadores y la existencia de un ambiente saludable de trabajo para mantener una actitud activa frente al problema detectado.

Los representantes de la dirección se comprometieron a estudiar la situación.

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La organización AGADEN-Ecologistas en Acción ha denunciado la existencia, cada vez mayor, de numerosos tubos de amianto abandonados en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz. La organización asegura que muchos usuarios del parque les han trasladado su preocupación porque a lo largo de estos meses han estado apareciendo restos de tuberías de unos 7 metros de largo por 1,5 metros de diámetro, en la zona próxima al Meadero de la Reina, junto al Barrio Jarana, en el término municipal de Puerto Real.

Cree AGADEN que estos tubos han de proceder de alguna obra y además están siendo dejados poco a poco, pues ya son 4 ejemplares los que se encuentran allí abandonados. El colectivo ecologista ya ha puesto estos hechos en conocimiento de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, así como del Director y Presidente de la Junta Rectora de este espacio natural, al entender que el abandono paulativo se debe a que procederán de obras que se estén realizando, por lo que solicitan que se proceda a una investigación para determinar de dónde procede este residuo peligroso.

Al mismo tiempo, los ecologistas han solicitado a la administración su inmediata retirada del medio y su tratamiento en un gestor autorizado para ello. La organización recuerda que el amianto o asbesto es uno de los principales cancerígenos, provocando el desarrollo de cáncer de pulmón o mesoteliomas (o cánceres de las membranas pulmonares) los cuales provocan la muerte de más de 100.000 personas en el mundo. De la misma manera que recuerda que existen vertidos incontrolados de amianto por todo el territorio nacional que provocan el que sigamos expuestos al mismo.

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