La Guardia Civil ha detenido en Burgos a D.G.A. de 44 años, F.J.G.A. de 55 e investigado a J.C.M.G. de 62 como presuntos autores, en distinto grado de autoría, de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y contra la Salud Pública, por la demolición de unas antiguas naves en las que se han encontrado amianto. Esos residuos podrán haber puesto en grave riesgo a las personas y destruido la vegetación de ribera de un arroyo.

Los hechos investigados se vienen desarrollando desde el pasado mes de agosto, cuando una Patrulla del SEPRONA detectó, en una localidad de La Bureba, lo que aparentemente parecían ser unos trabajos de demolición de unas viejas naves. El hecho de que los tejados estuvieran construidos con placas de fibrocemento, uralita, llamó la atención de los agentes, ya que para la gestión y eliminación de este residuo se necesita un permiso adecuado, por lo que la patrulla comprobó la legalidad de las obras.

La inspección ocular practicada destapó numerosas irregularidades, como por ejemplo que los operarios allí presentes carecían de Equipos de Protección Individual contra los riesgos derivados de la exposición al amianto durante el trabajo o que se esparcía el escombro mezclado con las placas de fibrocemento para la realización de soleras en el lugar. La demolición carecía del correspondiente permiso así como del preceptivo plan de retirada y tratamiento posterior del amianto, 2.035 m2 de placas de fibrocemento; además parte de los vertidos resultantes habían acabado en un arroyo cercano con la consiguiente destrucción de vegetación y del arbolado existente, con ejemplares centenarios.

Se estima en 6.820 m3 el volumen de escombro obtenido, mezcla del material de obra y del fibrocemento, del que se tomaron entonces muestras; una vez analizadas por el Servicio de Criminalística del Cuerpo se ha determinado la presencia de amianto en su composición. A pesar de las insistencias tanto del SEPRONA como de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, para que se detuviera la demolición, las pesquisas practicadas han demostrado que los responsables hicieron caso omiso y la obra nunca se paró.

Los investigadores consideran que se ha puesto en peligro el Medio Ambiente y la salud de las personas al existir un serio riesgo por la posible presencia de partículas de amianto en suspensión diseminadas por el aire y por la destrucción de la vegetación de ribera de un arroyo por el vertido incontrolado.

Cabe destacar que se ha detectado el almacenaje de semilla perteneciente a la cosecha de esta temporada en una nave aledaña, así como la reciente siembra de cereal en terreno contaminado.

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La familia de un empleado de CAF fallecido de cáncer tras trabajar expuesto al amianto reclama a esta empresa por la vía judicial distintas compensaciones económicas, por un importe total de 388.926 euros, informa la Asociación de Víctimas del Amianto en el País Vasco (Asviamie).

Según señala este colectivo en una nota, en la vista por estos hechos, que tendrá lugar el este jueves en el Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián, los allegados del fallecido solicitarán 318.926 euros por los daños y secuelas padecidos por el perjudicado y otros 70.000 euros en concepto de daño moral sufrido por la viuda.

Asviamie recuerda en su comunicado que el fallecido trabajó en CAF «toda su vida laboral» desde 1971 y que «permaneció expuesto al amianto en su puesto de trabajo de montaje hasta su jubilación el año 2014».

La asociación de víctimas del amianto precisa que la compañía «lo incluyó en el listado de trabajadores expuestos al amianto en 2012, tras una denuncia interpuesta por el comité de empresa«.

En 2018, le fue diagnosticado un mesotelioma maligno en el Hospital Universitario Donostia, tras lo que en 2019 el Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó una resolución que reconoció que se trataba de una enfermedad profesional.

Asviamie recalca que la exposición al amianto de este operario «se produjo sin que la empresa adoptara las más mínimas medidas de seguridad, con consecuencias fatales para su salud«. Este colectivo expresa en su nota su »malestar« con CAF »por no reconocer su responsabilidad con relación a las personas enfermas y fallecidas por causa del amianto«.

«Pensamos, que ya es hora de abandonar la vía judicial, que sólo está causando más perjuicios morales a las familias afectadas«, subraya el escrito, en el que también recuerda la suspensión de las concentraciones que realizaba ante el Palacio de Justicia durante los juicios por amianto, debido a la pandemia de la covid-19.

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